Luego de las reformas aprobadas el año pasado por senadores y diputados federales, desde el pasado viernes inicio del Registro Nacional de Celulares, que regula la compra y tenencia de los aparatos.
Así, quiénes adquieran un equipo de comunicación, estarán obligados a proporcionar nombre y dirección, presentar identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio actualizado y permitir la impresión de su huella dactilar.
Quienes ya cuenten con un celular, tienen un año para presentar esta información a su compañía operadora del servicio, o de lo contrario, este les será cancelado sin derecho a reactivación.
Con ello se creará la base de datos conocida como Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que busca impedir la comisión de delitos como los ligados a la delincuencia organizada, la extorsión, amenazas y el secuestro.
No obstante, a este proceso aún le falta la creación de un reglamento que especifique el uso de estos datos ante las autoridades judiciales, el cual será responsabilidad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), mientras que la Secretaría de Gobernación, por su parte, se encargará del resguardo y manejo de los datos del usuario a través del Registro Nacional de Población (Renapo).
Algunas voces en contra de la medida han alertado del peligro que representa, pues de caer la información en manos equivocadas, podría fomentar los delitos que se pretenden combatir.
Una de ellas, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, sostuvo desde la aprobación de las reformas que son violatorias a la privacidad de los usuarios y atenta contra la seguridad de las comunicaciones.
Como ejemplo, el gremio supuso que una persona puede sufrir el robo de su aparato, ser secuestrado para que no denuncie el hecho y durante ese periodo, cometer otros delitos los cuales serían atribuibles al titular del equipo.
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